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TTIP, CETA... bizi ala irentsi. ¿Te lo vas a tragar? PDF Imprimir E-mail
05/10/2016

El 17 de octubre, Día Internacional Contra la Pobreza, un año más diferentes colectivos sociales queremos hacer de esa fecha una jornada de denuncia y reivindicación.

La pobreza sigue creciendo en Euskadi, en el Estado y en Europa. En Euskadi, el 4,9% de la población vive en situación de pobreza grave, es decir tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir y el 18,5% vive en situación de pobreza relativa, con unos ingresos menores de 811,90 euros al mes. Con estos datos Euskadi se sitúa entre los peores territorios de Europa en cuanto a pobreza relativa, solamente superada por Polonia, España, Portugal y Grecia. Además, 489.447 personas (el 22,7%) está en situación de riesgo de pobreza y exclusión. En el Estado español más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, casi el 30% de la población; Pero además cada vez hay mayores tasas de desigualdad: el 10% más rico posee ingresos equivalentes a los de la mitad de la población.

Actualmente vivimos un clima marcado por grandes debates que tienen un impacto local y un reflejo global, como la negociación de un Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y EEUU. Esta propuesta que se está negociando desde junio de 2013, plantea un nuevo marco de regulación de las relaciones comerciales y de inversión entre ambas regiones, con el objetivo último de generar el mercado más grande del planeta. Pero el TTIP como otros tratados similares como el CETA no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado que únicamente favorece a los intereses de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pequeños productores, consumidores, comerciantes, y de la ciudadanía en general. Contiene iniciativas que tendrán un impacto muy negativo en términos ecológicos, sociales, laborales, económicos, de la salud, también sobre las mujeres, todo ello acompañado de un importante déficit democrático.

Desde Pobreza 0 asistimos con preocupación a las nefastas consecuencias de acuerdos como el TTIP o el CETA, aumentando la pobreza, desigualdad y vulneración de derechos humanos. Y son precisamente los derechos humanos los que deben ser plenamente garantizados por las políticas públicas, haciendo frente de manera especial a tres cuestiones: pobreza, desigualdad e insostenibilidad. La lucha contra estos problemas es una cuestión de justicia global, en cuanto que exigimos el cumplimiento de todos los derechos humanos para todas las personas en todo el mundo. Es una cuestión de solidaridad intergeneracional en cuanto que no debe comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.

En este contexto el papel de la sociedad civil es fundamental, por lo tanto es estratégico garantizar su participación activa en la gestión de lo público. Estos Tratados de Libre Comercio atentan contra esto precisamente, ya que su armadura jurídica limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. Además, todo el proceso de negociación se está llevando a cabo con gran secreto y opacidad, fuera del control parlamentario y de la ciudadana, quebrando los principios básicos del Estado de Derecho.

La persistencia de la pobreza y de las desigualdades no son justificables ni inevitables, es una cuestión de voluntad ciudadana y política. Toda la ciudadanía puede reivindicar su fin, a través de la denuncia, la movilización, la participación social o a través de nuestra vida cotidiana. Es por ello que el día 17 de octubre, Día Internacional Contra la Pobreza, pedimos:

  • Un nuevo modelo económico y social que transforme radicalmente muchas de las reglas del juego. Un modelo alternativo que nos permita escapar de los mitos del crecimiento, del consumo y de la competitividad. Reivindicamos un sistema sostenible social y  medioambientalmente, que nos lleve a la felicidad y al bienestar. En definitiva, avanzar hacia nuevos modelos de vida que buscan el reparto equitativo de la riqueza, el respeto al medio ambiente, la equidad de género y una vida digna para todas las personas.
  • Que los estados destinen el máximo de recursos disponibles para asegurar la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en tiempos de restricciones económicas.
  • Que el sector privado, más allá de cumplir con las leyes y reglamentos nacionales, opere sobre la base del respeto a los Derechos Humanos de todas las personas.
  • Detener el avance desmedido de la desregulación de los mercados, por los efectos que esto puede tener en el mundo, aumentando las desigualdades y la pobreza.
  • Que los estados adopten compromisos que vinculen la política fiscal con las obligaciones de derechos humanos, que se traduciría en más ingresos destinados a más y mejores políticas públicas, con una gestión transparente y participativa.

Coordinadora de ONGD Euskadi, Pobrezia Zero, Euskal Herriak TTIPari ez!, EAPN, Reas Euskadi

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