Portada Especiales Latino Amerika Tinko! #01
Latinoamerika Tinko! #01 - Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia PDF Imprimir E-mail
09/09/2009
Indice del artículo
Latinoamerika Tinko! #01
La recolonización americana de las empresas transnacionales
Paraguai, bidezko eraldaketaren bila
Manipulazio mediatikoa Venezuelan
Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Oligarkiaren Boliviatik herri mugimenduen Boliviara
San Salvador, cronica de una victoria anunciada
Todas las páginas
 

Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia


El conflicto se ha caracterizado por un alto índice de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre todas es particularmente significativa la práctica de ejecuciones extrajudiciales de personal civiles, perpetradas por miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del estado.El conflicto colombiano se ha caracterizado por un alto índice de violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Entre todas, es particularmente significativa la práctica de ejecuciones extrajudiciales de personas civiles perpetradas por miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del estado.

Castigar con la privación de la vida a opositores políticos, a militantes o simpatizantes de la izquierda, a sindicalistas, líderes campesinos, líderes indígenas, de afrodescendientes, de organizaciones feministas, estudiantiles, intelectuales, activistas de organizaciones humanitarias, defensores de derechos humanos, presos políticos y comunes, a población civil, indigentes, prostitutas, delincuentes comunes, drogadictos, hacerlo sin que medie ninguna condena ni proceso penal, hacerlo de tal manera que la responsabilidad en tales hechos no de lugar a ninguna condena, ni enjuiciamiento, ni sindicación, todo esto evidentemente sólo cabe hacerlo por fuera de la ley, pero además amordazando la ley.

En Colombia, el castigo de privación de la vida por motivos relacionados con el conflicto social y político, impuesto por organismos del estado-por fuera de la ley- o por grupos amparados, de una u otra forma por el poder del estado, constituye un  fenómeno de crecientes y alarmantes proporciones. Si en la década del 70 fueron registrados 1.053 casos de asesinatos políticos, en la década del 80 se registraron 12.859.

Pero si las ejecuciones extrajudiciales de civiles son presentadas como resultados positivos en la guerra contra la guerrilla, además de ocultarse un grave crimen se incurre en el despropósito de presentar un acto criminal como éxito militar.

La funcionalidad de los reportes de las fuerzas militares que incluyen a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales,como insurgentes muertos en combate es doble: sirve para ocultar la responsabilidad oficial en la comisión de un crimen; y de otra, es útil para mostrar el supuesto grado de eficacia en las operaciones contrainsurgentes.

Ocultar un crimen y además, presentarlo como un éxito militar es un despropósito .Los engaños contenidos en los reportes operacionales ,además de quitarle credibilidad a las estadísticas oficiales, que paradójicamente, son el principal pilar del discurso de gobierno y erosionar la transparencia que deben imperar en un estado social de derecho, representan una grave violación del derecho a la verdad de las víctimas y a la sociedad.

En muchos de los casos reportados se identificaron, tres elementos comunes: la presentación de víctimas civiles como muertas en combate, alteración de la escena del crimen, por los autores del mismo, investigación de los hechos por la justicia penal militar.

Por su magnitud y extensión territorial los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados sino conductas que tienden a generalizarse.

Las investigaciones se inician de forma inmediata en la jurisdicción penal militar; la fiscalía propone colisión negativa de competencia a fin de remitir causas a la justicia penal militar; estos tienden a archivar las diligencias declarando las muertes como ocurridas en combate.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en Colombia advirtió “se observo la persistencia de acciones atribuidas a miembros de la fuerza pública particularmente del ejercito, por irrespeto del principio humanitario de distinción, por la estigmatización de la población civil por parte de las autoridades”.

El procurador General de la Nación en su informe de gestión 2001-2004 destaco:”la situación de crisis generada por el desarrollo del conflicto armado interno y la situación económica y social del país han propiciado una alarmante situación de amenazas contra la integridad física de miles de colombianos/as que reclaman protección efectiva del estado.

En el primer periodo de gobierno de  Álvaro Uribe 2002-2006 en la política de seguridad democrática se han incrementado algunas modalidades  de violación a los DD.HH. 6.332 detenidos/as arbitrariamente, 1.400 ejecuciones extrajudiciales, 1.260 indígenas asesinados/as, 4 millones de desplazados/as internos , 560 sindicalistas asesinados/as ,entre los años 2004-2007 más de 400 denuncias por torturas.

La impunidad en que permanecen la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales es debido, principalmente, a que son asumidas de forma indebida por la jurisdicción penal militar. La guerra contrainsurgente fue el fin pero también el pretexto por medio del cual 5 millones de indígenas, campesinos/as y afrodescendientes  fueron despojados de 6 millones de Hc que ahora se encuentran con cultivos de hoja de coca, palma africana para biocombustibles, y  megaproyectos de multinacionales norteamericanas  y europeas bajo la protección de grupos paramilitares. Todos/as las victimas de desplazamientos forzados de estas zonas se encuentran sumidos en las miseria haciendo parte de los cinturones de marginalidad de las grandes ciudades.
El derecho a la vida es el derecho primigenio, aquel sobre el cual se estructuran los demás, su negación es la negación de la existencia de los demás derechos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo califica como “el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en  peligro la vida de la nación” EL PROTOCOLO II Adicional a los convenios de Ginebra. articulo 13 . Protección a la población civil.

“La población civil gozara de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares” este protocolo establece el principio de distinción según el cual, las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatiente, así como bienes de carácter civil y objetivo militar . Este principio ha sido desconocido en múltiples ocasiones por el ejército nacional.

El artículo 3 del código Penal Militar establece que no son delitos relacionados con el servicio la tortura, el genocidio, la desaparición forzada, entendida en los términos definidos en convenios y tratados internacionales  ratificados por Colombia. Los homicidios arbitrarios o las ejecuciones extrajudiciales, se entienden que estos no guardan relación con el servicio, toda vez que son violación a los DD.HH.

Colombia ha soportado uno de los mayores índices de ejecuciones extrajudiciales en el mundo lo que ha originado informe y visitas del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias a nuestro país. La mayor parte de estas ejecuciones han sido perpetradas por la fuerza pública, en especial por el ejército colombiano o por grupos paramilitares con la aquiescencia de estos. Así lo ha dejado saber la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH en Colombia. En la gran mayoría de los casos no se castiga a los militares implicados ya sea por acción, omisión o complicidad. Es decir que la impunidad sigue reinando en un alto porcentaje de los casos.
 
Alvaro Uribe Velez, el hombre de la guerra

La politica  de Seguridad Democratica del presidente Alvaro Uribe Velez, desde el año 2002, siempre ha estado enfocada a la eliminaciòn sistemàtica de cualquier oponente que ideològica y polìticamente se oponga al sistema imperante, generador de miseria a gran escala;  el presidente Uribe intentendo ocultar la grave crisis econòmica y social lo que ha hecho es cuadruplicar los miembros de las Fuerzas Militares, e incremrentar el gasto militar a un 30 % de P.I.B, todo esto haciendo parte de la continuidad del proyecto de militarizaciòn y paramilitarizaciòn del pais, que iniciò el mismo presidente cuando era gobernador de Antioquia y en el año 1994 fundò las CONVIVIR cooperativas de seguridad privada, programa regional piloto que actualmente funciona a nivel nacional, y que ha agudizado aùn mas la problematica social y econòmica de Colombia donde el binomio estado-nación ha ido perdiendo soberania en beneficio de los grandes grupos econòmicos,terratenientes, narcotraficantes, multinacionales y ganaderos.
 

 
Banner

TWITTER KI