En las entrañas del monstruo: el sistema carcelario en Colombia Imprimir
27/01/2012

Citando la frase de Dostoievsky “si quieres conocer la realidad de una sociedad, visita sus cárceles " y revisando la población carcelaria en Colombia es fácil identificar un conflicto político, social y económico cuyo origen se basa en profundas desigualdades sociales, generadas por una plutocracia y una hegemonía de poder económico y político de una minoría, representada por una oligarquía desnacionalizada, sobre una inmensa mayoría de la población excluida y además castigada por oponerse a un régimen que ha generado hambre, muerte y miseria a gran escala. Como consecuencia de esta sociedad moldeada desde “arriba” y desde “afuera” según los intereses de grupos transnacionales y con la clara injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, contando siempre con la complicidad de los gobiernos colombianos de turno, entregados y supeditados a los dictámenes del extranjero, el Régimen Colombiano ha implementado diferentes mecanismos represivos como parte de planes estratégicos de persecución sistemática a la oposición política, llámese Estatuto De Seguridad, Plan Colombia, Plan Patriota, Ley de Seguridad Ciudadana etc. El reflejo de esto es que actualmente en las cárceles colombianas hay 115.000 personas recluidas, cifra que ha aumentado escandalosamente en los últimos 5 años, anterior a los cuales la población carcelaria era de 60.000 personas.
Algunas de las causas de la problemática carcelaria en Colombia son la lentitud de los procesos judiciales, el sobre uso de la detención preventiva, lo cual ha generado un hacinamiento por sobre- población carcelaria que en muchos lugares puede llegar al 200%.


Estamos en una sociedad con un altísimo nivel de conflictividad y es muy equivocado pensar en resolver todos los conflictos a todo nivel con el sistema penal, éste debería ser el último recurso y se debería explorar las causas de estos conflictos y trabajar una solución sobre ellas, esto, pensando en una función primordialmente social del estado. Pero lo que está sucediendo actualmente en las cárceles de Colombia es el olvido absoluto de la sociedad colombiana, ni el estado a través de sus diferentes instituciones, ni la Administración de Justicia, se preocupan por la situación de las cárceles, se proclama una victoria cuando se crea una nueva norma penal o cuando se condena a una persona, sin pensar en el proceso posterior cuando se está detrás de los muros y los barrotes.

Otra causa es que el sistema carcelario en su totalidad depende de la lógica punitiva y penal que opera en el estado colombiano, se concluye, que no podemos hablar de una crisis carcelaria sin hablar de una crisis del sistema penal y por consiguiente de una crisis en la administración de justicia.

Actualmente la población carcelaria por razones políticas es de aproximadamente 7.500 personas. Las políticas de criminalización implementadas por el Estado, reflejadas además, en las legislaciones que penalizan la protesta social, han conllevado a que se prive de la libertad a campesin@s, estudiantes, defensor@s de derechos humanos, poblador@s urbanos, sindicalistas, grupos étnicos o cualquier persona considerada como riesgo para la “Seguridad Nacional”, incluidas las que decidieron ejercer el legítimo derecho a rebelarse con las armas.

En las cárceles colombianas se encuentran centenares de humildes poblador@s de zonas rurales y municipios pequeños, que son víctimas de capturas masivas e indiscriminadas, señalad@s de ser supuestos colaboradores o milician@s de la guerrilla; arbitrariedad que en fondo busca desvertebrar las comunidades que se oponen a la implementación de grandes proyectos económicos;

Aparte de soportar condenas desproporcionadas, l@s pres@s polític@s y en general toda la población carcelaria recibe una deficiente atención médica, convirtiéndose en una problemática sistemática que causa en algunos casos la muerte. Al desconocimiento de la obligación de garantizar los Derechos Humanos de la población privada de la libertad, se suma la actuación vindicativa del Estado colombiano frente a l@s pres@s polític@s, que se refleja entre otros en la negligencia e indolencia que se asume frente a quienes padecen enfermedades graves, en estado terminal, lisiados, con limitación funcional o pérdida anatómica de alguna parte de sus cuerpos.
De otro lado l@s pres@s politic@s son continuamente sometid@s a torturas, gases lacrimógenos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 99% de las denuncias que han puesto l@s detenid@s a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Organizaciones de Derechos Humanos y Colectivos de Abogados por torturas cometidas por los funcionarios del INPEC, están en la impunidad.
Con la implementación del Plan Colombia se impulsa la construcción de cárceles de mediana y alta seguridad, adoptando el modelo carcelario Federal de Prisiones de Estados Unidos, tanto en la infraestructura física de las prisiones como a la formación y funciones de los funcionarios del INPEC, desconociendo las funciones sociales que en la práctica deberían cumplir, convirtiéndolos en entes de carácter policial que violan sistemáticamente los Derechos Humanos de l@s reclus@s , conductas dirigidas especialmente a l@s pres@s de conciencia ya sean pres@s polític@s, o prisioner@s de guerra.

Cabe anotar que existe un Régimen Carcelario Especial para otro tipo de reclusos, como son los pabellones de alta seguridad donde se encuentran los militares, paramilitares, narcotraficantes y políticos vinculados con la parapolítica, además de aquellos cuyas actuaciones tienen que ver con hechos de corrupción y saqueo al erario público de la nación, estos pabellones gozan de una mejor y más cómoda infraestructura, celdas individuales con todas las garantías de seguridad y bienestar, que se asemejan más a hoteles de 5 estrellas que a presidios que busquen castigarlos e imponerles penas por todos los crímenes y atrocidades que estos elementos han cometido.

Uno de los casos críticos donde el Estado colombiano se ensaña con l@s pres@s polític@s es el de la cárcel de “La Tramacúa” llamada la ”cárcel de castigo” ubicada en zona rural distante del centro urbano mas próximo que es Valledupar, lugar de difícil acceso, aislado donde no hay transporte público, ni redes de comunicación. Lugar dónde se vulneran en su máxima expresión los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que se encuentran allí recluid@s, y donde permanentemente están sometid@s por parte de la guardia penitenciaria a torturas sicológicas y físicas y donde no se les suministra los servicios mínimos básicos como el agua, la cual solo se proporciona por 5 minutos al día, problema que se se hace mucho mas crítico dadas las altas temperaturas de la región (40 grados centígrados en promedio). Las pésimas condiciones de salubridad generadas por esta deficiencia, están provocando múltiples enfermedades en la población carcelaria. De igual manera es preocupante la deficiente atención sanitaria dentro de este Centro Penitenciario, tanto en al atención como en el suministro de medicamentos e insumos necesarios para una adecuada atención médica, l@s reclus@s denuncian la negligencia por parte de la Dirección de esta Prisión y en general de la Dirección General de Prisiones para resolver casos graves que ameritan atención especializada fuera de las instalaciones. Debido a las condiciones infrahumanas que se viven en este Centro Penitenciario, se está adelantando una campaña Nacional e Internacional para lograr el cierre de esta cárcel y denunciar de igual manera el funcionamiento violatorio de los Derechos Humanos como política sistemática generalizada, que obedece a interese s económicos y políticos y que hace parte de toda una estrategia represiva de control y de criminalización de la protesta social en cualquiera de sus diferentes manifestaciones .