Colombia
Crisis humanitaria en las cárceles Colombianas PDF Imprimir E-mail
17/04/2013

En mayo de 2012, una decena de mujeres se desnudó y marchó por el centro de Bogotá para exigir los derechos que les corresponden a sus familiares presos y denunciar la «crisis humanitaria» en las cárceles en Colombia. Un año después, mientras en La Habana se negocia, persisten las denuncias de hacinamiento, de escasez de agua, de vejaciones por parte de los funcionarios o de falta de asistencia médica.

Ainara LERTXUNDI(Gara)

El marido de Diana Martínez se encuentra en la prisión de Palogordo, en el departamento de Santander. Lleva doce años preso. En cada visita se ve sometida a minuciosos registros y cacheos que atentan contra su intimidad y la de su hijo, menor de edad. En el interior de la cárcel no disponen siquiera de agua. La lista de vulneraciones es larga. Ante el nivel de degradación al que son sometidos sus familiares, Diana y otras mujeres se unieron para formar el colectivo Cárceles al Desnudo. «Estamos hartas de ver a nuestros maridos, hijos, hermanos en semejantes condiciones inhumanas, mientras que el Gobierno nacional desoye todas nuestras denuncias», subraya Martínez en entrevista a GARA. Ese hartazgo llevó en mayo de 2012 a una decena de mujeres a desprenderse de su pudor y de su ropa y a transitar desnudas por las principales calles de Bogotá al grito de «Abajo los muros de las prisiones, hay que pelear por los derechos en las cárceles».

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Desde Octubre, los presos enfermos de Cáncer de Palogordo no van al oncólogo PDF Imprimir E-mail
09/04/2013
Leonardo Jaimes
[Gara/Ainara Lertxundi] Leonardo Jaimes, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es testigo casi a diario de las consecuencias del actual sistema carcelario colombiano. Obligado a llevar protección después de que un sicario le revelase que tenía orden de matarlo, asegura que seguirá visitando las cárceles y denunciándolo, «sin importar que nuestras vidas corran riesgos».

¿Cuáles son los puntos negros del mapa carcelario?
Son varios. El más visible es el hacinamiento. Los 144 centros penitenciarios existentes en el país están diseñados para alojar a 75.620 internos. Pero, en este momento, 2012 terminó con 113.884 personas privadas de libertad. Este nivel de hacinamiento cambia de una cárcel a otra. En algunas, como en la cárcel Modelo de Bogotá, es casi del 300%. El segundo problema al que nos enfrentamos es la precaria atención sanitaria a los presos. No existe un mecanismo que permita atender de manera fácil y ágil la salud de los 115.000 presos. Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el ente encargado de la vigilancia en las cárceles, en los últimos dos años han muerto 500 presos, la mayoría de ellos por falta de atención médica. Nosotros tenemos el registro de un preso político, un combatiente de una fuerza rebelde que murió en total abandono el 8 de enero de 2011. A los presos se les diagnostica cáncer de manera muy tardía y cuando van a actuar ya es demasiado tarde.

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Colombia: nace el Movimiento Marcha Patriótica PDF Imprimir E-mail
20/06/2012

+Video

Parte 1 [14:57] - Parte 2 [05:15]

Documental producido por el equipo Escuela de Cuadros y Alba TV, que ofrece una mirada a la Marcha Patriótica a partir su lanzamiento como movimiento político y social en abril del 2012. La Marcha, que declara su vocación de poder, es un espacio de encuentro de múltiples procesos de organización y resistencia, buscando la segunda y verdadera independencia de Colombia.

 
Pres@s Polític@s Colombian@s: Entre la tortura y la invisibilización PDF Imprimir E-mail
28/05/2012

'Delito de rebelión' por oponerse al monopolio capitalista: presos políticos, entre torturas e invisibilización

[www.azalearobles.blogspot.com] En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenad@s por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenad@s asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” [1], una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De l@s 9.500 pres@s polític@s que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelad@s por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestr@s, líderes/as agrari@s, académic@s crític@s, abogad@s, médic@s, defensor@s de derechos humanos… hasta l@s artistas son objeto de la persecución judicial.  Los montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas, sacadas incluso de 'computadores mágicos', son urdidos de manera sistemática contra l@s perseguid@s polític@s: los procederes ilegales del estamento militar y sus testigos adiestrados en las oficinas militares [2], son avalados por el aparato Fiscal de manera escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la población, para desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico.

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La Salud de l@s colombian@s en manos de la corrupción Estatal y Privada PDF Imprimir E-mail
26/05/2012

“Gobierno Colombiano está jugando del lado del Cartel de las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios de Salud)"

[Polo Democrático Alternativo] Luego de dos años del gobierno Santos, no se toman determinaciones para arreglar problemas de la salud. Altos funcionarios del gobierno y el Fiscal General han tenido vínculos con las EPS. Llegó la hora de cambiar el modelo de salud.
“El sistema de salud colombiano navega en un mar de pus”, así resumió el senador Jorge Enrique Robledo los problemas de corrupción y estructurales del sistema de salud. Explicó cómo las EPS montaron un cartel (así lo llamó la Superintendencia se Industria) para inflar los costos, cobrar dos veces los servicios, negar derechos y presionar el alza de la UPC (prima que les gira el gobierno).
“El verdadero Ministerio de la Salud es el Cartel de las EPS”, concluyó el senador del Polo. La crisis es de tal nivel, agregó, que la Corte Constitucional llama a reflexionar seriamente sobre sí las entidades privadas deben intermediar los recursos de la salud.

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