Komite Internazionalistak

La victoria de Evo Morales ha desatado reacciones de todo tipo, tanto de quienes pensamos que es una excelente noticia hasta de quienes mantienen, parte del movimiento sindical y popular de Bolivia, mucha cautela y prevención, pasando por intelectuales como James Petras que expresan un escepticismo un tanto demoledor. En cualquier caso no es mi intención analizar la situación política y los desafíos que los nuevos gobernantes tienen para los próximos meses y, esperemos, años.
Pretendo detenerme en la actitud que desde el Estado Español debemos mantener sectores de la izquierda, movimiento de solidaridad, ongs para el desarrollo y movimiento sindical en relación al tema de los hidrocarburos, y más en concreto, en relación a Repsol. De ahí que de entrada me llame la atención, el silencio, al menos a la fecha de hoy, que mantiene el movimiento sindical y, en concreto, el comité de empresa de Repsol en el Estado Español. Silencio que contrasta con las declaraciones realizadas por el presidente de la multinacional en Muskiz, donde además de prometer inversiones y puestos de trabajo, se ha ofrecido a negociar y respetar la voluntad del pueblo boliviano. Las transnacionales pactan y….amenazan en una estrategia de adecuación a nuevos escenarios.
Evo Morales puede fracasar, pactar, apoyar a los sectores populares…ahora bien, lo que ocurra dependerá, en parte, de su capacidad de acumular fuerzas, de confrontar con el modelo neoliberal, de alianzas regionales, de “colocar” en su sitio a las transnacionales…pero también de la actitud decidida y firme de la izquierda de nuestro país. Su fracaso puede ser el nuestro. Y en este caso no hablamos sólo de solidaridad ideológica, ni de jornadas de reflexión, ni del 0,7%, ni de proyectos de desarrollo…es una solidaridad muy concreta y central para el proyecto progresista de Bolivia que pasa por la implicación del comité de empresa de Repsol, del movimiento sindical, de las Ongs que quieran confrontar con el capital e izquierda en general.

PRIMER EJE DE INTERVENCIÓN.
Las empresas transnacionales españolas nacieron en la década de los ochenta en el marco de la apertura comercial y al calor de la entrada en la Unión Europea. Los sucesivos gobiernos fueron creando y adaptando todo el entramado jurídico-económico para el despegue del capital español hacia, básicamente, América Latina. Se redujeron todo tipo de requisitos legales para los flujos salientes de capital, se privatizaron empresas públicas, se financiaron con dinero público, se firmaron todo tipo de tratados bilaterales y multilaterales para blindar todos sus beneficios y evitar cualquier riesgo; los intereses del capital se impusieron a los trabajadores y trabajadoras del Estado y de los pueblos de América Latina. Pero el apoyo incondicional a las empresas transnacionales no termina aquí, los gobiernos españoles, con el silencio cómplice de los autonómicos, apoyaron los planes de ajuste de las instituciones multilaterales (FM, BM y bancos regionales) para los pueblos de América Latina.
Las empresas transnacionales españolas aun siendo muy jóvenes han operado de forma muy agresiva en el continente americano. Destacan algunas actuaciones que han tenido el aval absoluto de las autoridades públicas. En los procesos de privatización de las empresas públicas latinoamericanas, inducidos por los planes de ajuste, la participación española ha sido central y la adquisición de las mismas ha estado plagada de irregularidades y corruptelas de todo tipo. Así, la adquisición de YPF por Repsol costó diez veces menos de lo que valía a cambio de un cheque en blanco y una residencia en Barcelona que Alfonso Cortina presidente de Repsol pagó al gobernador responsable de la compañía vendida.
Las condiciones laborales y derechos básicos de las poblaciones de hombres y mujeres de América Latina se han visto profundamente deteriorados. Dos ejemplos, telefónica Perú antes de ser adquirida por telefónica España tenía 12.094 trabajadores ahora son 3.823 y otros 15.000 en precario; en Colombia en 1.991 la inversión extranjera era de 400 millones de dólares, mientras que en el 2.005 es de 5.000, no obstante, analizados los datos se comprueba que el PIB se mantiene en sus niveles históricos, la tasa de paro crece debido a los despidos masivos efectuados por las empresas transnacionales tras las privatizaciones de las empresas públicas y el índice de pobreza por ingreso también crece, es decir la extracción de capitales por parte de las transnacionales hunde al país y sus índices sociales y económicos se precarizan cada vez más.
Por último, el gobierno español apoya a las transnacionales por medio de tratados bilaterales y multilaterales que exigen a los gobiernos firmantes respeto y máximas garantías a las inversiones efectuadas. Evo Morales no sólo tendrá enfrente a Repsol si no a todo el entramado jurídico económico internacional y, por supuesto, al gobierno español. Además los poderes públicos crearon instrumentos y planes estratégicos de internacionalización de apoyo directo a las transnacionales: Fondo de ayuda al Desarrollo, líneas FEV, Capital Inversión…y hasta siete mecanismos más. No obstante, queda un último sistema que relaciona la gestión y cobro de la deuda externa por medio de intereses comerciales que se usan para la internacionalización de empresas españolas.
Es intolerable el cheque en blanco del que disponen Repsol, Telefónica, Endesa, BBVA, Banco Santander Central Hispano, Unión Fenosa, Iberdrola, Iberia… En el caso que nos ocupa, la presión concreta que se debe ejercer sobre los poderes públicos en relación a Repsol es clarísima. La financiación que directa e indirectamente ha recibido de la Administración española, todo lo que ha robado en América Latina a costa de su soberanía, todas las violaciones de derechos humanos, laborales y medioambientales que ha causado, son razones suficientes para exigir a nuestros gobiernos y a Repsol que acepten las condiciones de Evo Morales y renuncien a utilizar los mecanismos jurídicos que el entramado económico internacional les ofrece. Si les preocupa “el hambre en el mundo”, “si se apoya el encuentro entre culturas”, “si quieren lo mejor para nuestro hermanos y hermanas latinoamericanos y bolivianos”, “si están por la responsabilidad social corporativa de las empresas”, “si se potencian los microcréditos”, “los proyectos de desarrollo gestionados por Ongs”…ésta es una oportunidad clarísima para apoyar un verdadero proyecto democrático y de desarrollo. Eso sí exige confrontación y acumulación de fuerzas. Tarea difícil, pero ¿imposible?
SEGUNDO EJE DE INTERVENCIÓN.
La denuncia y movilización contra Repsol es un primer paso, lo que requiere desenmascarar la actuación de esta empresa en Bolivia y en América Latina. El trabajo de Marc Gavalda sobre la recolonización está dedicado a esta transnacional: impacto ecológico, políticas laborales, impactos culturales en las comunidades indígenas, beneficios económicos sin retorno a las comunidades, duración excesivas de la explotación de los pozos petrolíferos, colaboración en la represión contra las protestas de las comunidades indígenas….Aquí la labor de los comités de empresa de Repsol del Estado Español para recabar información específica de los atropellos de la empresa, de las condiciones laborales, de los beneficios económicos, de la situación de la negociación colectiva o acuerdos marcos globales o códigos de conducta….es decir de cualquier mecanismo, que aunque forme parte del lavado de cara de Repsol, permita contactos entre trabajadores y trabajadoras de ambos países con el objetivo de generar acciones sindicales compartidas. Las dificultades son obvias pero mi intención reside, únicamente, en resaltar las posibilidades y oportunidades de las mencionadas acciones (boicots, huelgas, cajas de resistencia, concentraciones, encierros…). Por otra parte, ¿cuántas Ongs trabajan en Bolivia y disponen de información, contactos, relaciones con los movimientos sociales y sindicales? ¿Están dispuestas a apoyar la lucha contra Repsol y el Gobiernos español en favor de sus “contrapartes”? Una vez más el problema reside en la acumulación de fuerzas y en dar impulso a la confrontación.
En esta línea no podemos olvidar que Repsol es una de las empresas que maneja muy bien los criterios de la Responsabilidad Social Corporativa, el arte del lavado de cara. Incide en el mundo del motor, de mecenas en el mundo del arte (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), en la música (trabaja con la UNESCO en recopilación de música latinoamericana), en universidades y centros docentes (apoya cursos de verano, congresos, investigaciones, becas..), otorga premios medioambientales, apoya programas de cooperación al desarrollo y Ongs, dispone de etiquetas verdes en todos sus productos…sus redes se extienden a lo largo de la sociedad. Incluso sus códigos de conducta, mecanismos de autorregulación empresarial, son respetuosos con los derechos humanos, eso sí son unilaterales y voluntarios y por tanto forman parte de ese derecho blando que “sirve” para la defensa de los derechos laborales y medioambientales, ahora bien, sus inversiones, ganancias, riesgos empresariales… quedan sujetos al Derecho Internacional del Comercio, derecho duro, imperativo, coercitivo, sancionador y tutelado por tribunales económicos cuyas sentencias sí son de obligado cumplimiento. El paternalismo es un uso habitual que la patronal ya desarrolló en Europa entre 1.850 y 1.920 en la lucha contra el trabajo infantil, por medio de talleres y cursos que las mujeres de los patronos dirigían; la patronal se opuso, en nombre de la competitividad, a cualquier tipo de regulación, ya descubrieron en los siglos pasados lo rentable que puede ser el derecho blando.
TERCER EJE DE INTERVENCIÓN.
La actitud que tome el nuevo gobierno ante las transnacionales de los hidrocarburos vendrá muy mediatiza por el derecho internacional de comercio y las normas nacionales.
La ley de Hidrocarburos se redactó al dictado del Banco Mundial y abrió el 60% del territorio nacional a las empresas transnacionales con unas excelentes condiciones: concesiones petroleras a 40 años, penetrabilidad de las empresas a cualquier parte del país, cantidad ilimitada de concesiones a una empresa, se rebajaron los impuestos del 50% anterior al 18% actual, se pudo explotar petróleo en áreas protegidas y territorios indígenas, expropiar viviendas por el derecho de servidumbre…todo ello siendo Bolivia el país más pobre de Latinoamérica.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer mandato, aprobó los contratos del riesgo compartido, que mantenían la propiedad estatal de los hidrocarburos en el subsuelo pero “en boca de pozo,” en la superficie, la comercialización pasaba a manos de las transnacionales extranjeras.
A partir del 2.003 se produjeron movilizaciones que obligaron a convocar al gobierno de turno un referéndum en el 2.004, lo que generó una nueva ley que recuperaba el control estatal en boca de pozo y subía los impuestos al 50%. El presidente Mesa no promulgó la ley por las presiones de las empresas petroleras incluida Repsol.
En el momento del triunfo de Evo Morales, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que agrupa a todas las empresas petroleras considera que la ley aprobada en 2005 es “confiscatoria” y choca con los acuerdos de protección de inversiones lo que les permite acudir a tribunales arbitrales. Evo Morales ha manifestado que la relación con las empresas extranjeras debe ser de socios pero no de dueños, a partir de aquí las decisiones que tome estarán sometidas a numerosas variables. Por un lado, las reclamaciones de nacionalización y por otro, el mantener el estatus con pequeñas modificaciones, posiciones que presionarán sobre el nuevo gobierno.
La elaboración de una nueva ley que modifique la legislación anterior y legitime a los y las bolivianas como dueñas de sus recursos, es un mínimo imprescindible. El futuro presidente ha manifestado que las empresas que quieran invertir en Bolivia deberán respetar las leyes bolivianas y deberán garantizar el equilibrio en las ganancias.
Uno de los campos de batalla, que va a tener que librar el nuevo gobierno, va a ser el jurídico y la “alegación-amenaza” por parte de las transnacionales, instituciones internacionales y gobiernos de las multinacionales, va a sustentarse en el cumplimiento de los tratados de libre comercio firmados por las autoridades anteriores. La razón, la estabilidad y seguridad jurídica que exige el comercio internacional, la realidad, blindar el expolio.
Los tratados bilaterales de inversiones son una armadura jurídica difícil de doblegar. Son tratados económicos y financieros que suplantan a los instrumentos básicos de derecho internacional y regional de los derechos humanos y a las constituciones nacionales. Contienen una serie de cláusulas muy beneficiosas para la libre circulación de las empresas transnacionales (trato más favorable, trato nacional y nación más favorecida) que implica la supremacía del capital sobre los derechos humanos. Esta normativa contrasta con el Derecho Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional de Derechos Humanos ya que es un sistema coercitivo que acompaña multas, sanciones económicas, presiones diplomáticas, militares..además, para la resolución de los conflictos establecen tribunales arbitrales vinculados a las instituciones económicas multilaterales. Su naturaleza jurídica se aleja de las mínimas garantías que conforman el poder judicial.
La amenaza de recurrir a los mencionados tribunales puede disuadir al gobierno de Bolivia, ya que las represalias económicas y políticas pueden ser muy duras, pero la vía de la negociación, para evitar la judicialización, es un regalo envenenado ya que las cesiones que se exijan pueden ser todavía peores. El circulo infernal sólo podrá romperse con un firme rechazo del marco jurídico impuesto a las mayorías sociales de Bolivia.
De ahí que se deba combinar la firmeza del gobierno de Evo Morales con el apoyo y movilización de los bolivianos y bolivianas junto al trabajo solidario, confrontado y firme contra Repsol y el gobierno español, del movimiento sindical y solidario que provoque la revisión radical de los marcos jurídico-económicos en Bolivia.
La presión jurídica que se ejerza a favor del cumplimiento de los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras deberá ser contrarrestada con argumentos como la inconstitucionalidad de los contratos con las transnacionales no aprobados por el poder legislativo de Bolivia, la cláusula de renuncia a la jurisdicción nacional en favor de tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre un particular inversor y Estado receptor de la inversión implica renunciar a la soberanía nacional en cuestiones jurisdiccionales, o bien, invocar el valor jerárquicamente superior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos frente al Derecho Internacional de Comercio…
En definitiva, existen argumentos jurídicamente sólidos para neutralizar el valor intocable de los tratados bilaterales, ahora bien, el problema reside en la capacidad de coordinar la lucha sindical y solidaria. La delimitación de la confrontación es muy clara y conseguir el triunfo del pueblo boliviano sobre Repsol y los tratados bilaterales de inversión una pelea tan importante como el descarrilamiento de la cumbre de Hong Kong.

Juan Hernández Zubizarreta.