El pasado 4 de octubre se presentaba en el Congreso de los Diputados español una Proposición de Ley que, de prosperar, equiparará el antisionismo al antisemitismo; o lo que es lo mismo; considerará como antisemitismo cualquier crítica a las políticas genocidas de Israel o cualquier llamamiento al boicot contra el régimen de apartheid. La propuesta, presentada por PP y VOX ha contado con el apoyo parlamentario del PSOE, y si saliera adelante, sentaría las bases para la criminalización del movimiento solidario con Palestina en el estado español. Para analizar esta iniciativa parlamentaria contamos en los micrófonos de Uhintifada con la colaboración de Santiago Gonzalez Vallejo, economista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Gonzalez explica en su intervención el contenido de esta propuesta de ley. Aclara que en este texto se aplica la definición de antisemitismo promovida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) que incluye entre sus ejemplos las críticas al sionismo y las actividades políticas que contravengan los intereses de estado de Israel. Sugiere como definición alternativa la promovida por la Declaración de Jerusalem, más ajustada a la lógica. Considera que el movimiento de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Apartheid israelí) debería quedar al margen de esta definición porque no va dirigido contra personas por su condición religiosa o étnica sino contra los representantes institucionales del régimen de apartheid. Desentraña qué intereses se esconden detrás de la IHRA. Nos da cuenta de la situación en otros países como EEUU o Francia donde hay en vigor legislaciones que criminalizan el llamamiento al boicot a Israel, y aclara que el Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado que son legítimas las críticas a Israel y al sionismo, desligándolas del antisemitismo. Considera que por flojera ideológica o ignorancia algunos partidos han aprobado la toma en consideración de este Proyecto de Ley, pero que eso no quiere decir que su aprobación sea definitiva, o no al menos con su redacción inicial.
Por otro lado, nos habla de la presentación de una pregunta parlamentaria en el Parlamento Vasco sobre la ampliación del capital público del Gobierno Vasco en la compañía ferroviaria CAF coincidiendo con su participación en el proyecto de tranvía de Jerusalem, contrario al derecho internacional. Considera que el Gobierno Vasco está cometiendo un error político y jurídico en su argumentación para justificar su participación accionarial en CAF; porque el Derecho Internacional, a diferencia de al sector privado, si que compromete a las instituciones públicas.