Komite Internazionalistak

Las últimas semanas los medios de la prensa afín al PNV anunciaban triunfalmente que la empresa ferroviaria vasca CAF se había hecho con un contrato de más de 500 millones de euros para la construcción de una nueva linea de tranvía en Tel Aviv. La noticia de la adjudicación de este contrato nos hace pensar bien en un pago a los servicios prestados por la participación de la compañía guipuzcoana en la construcción del tranvía de apartheid que, discurriendo por territorio ocupado, comunicará las colonias ilegalmente ocupadas en Jerusalem Este con el núcleo urbano de la ciudad, o bien en una compensación a CAF por el perjuicio que reportará a su imagen corporativa la participación en un proyecto que contraviene la legalidad internacional.

Analizamos este nuevo contrato con la administración del régimen sionista y el punto en el que se encuentra el proyecto del tranvía de apartheid con Santiago Gonzalez Vallejo, economista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Gonzalez engloba este nuevo contrato dentro de la apuesta estratégica de CAF por desarrollar su actividad en Israel y llama la atención sobre que haya coincidido en el tiempo con el informe de Amnistia Internacional que califica a Israel como régimen de apartheid. Advierte de que si bien CAF está aumentando sus relaciones con el régimen sionista está perdiendo capital de accionistas e inversores en otros lugares del mundo precisamente por esas relaciones, y cita el caso de Noruega, donde el principal fondo nacional de inversiones ha reducido su participación accionarial en CAF. Avisa de que la actividad de la compañía guipuzcoana en Israel le puede traer lucro a corto plazo, pero puede desencadenar una bola de nieve que le haga perder a más largo plazo contratos en todo el mundo. Explica que la compañía asociada a CAF en estos proyectos, la israelí Shapir, está incluida en la lista negra de la ONU de empresas que desarrollan su actividad en los territorios ocupados y se lucran con la ocupación de Palestina, y que hay muchos agentes trabajando para que la próxima actualización de esta lista incluya a la empresa de Beasain, lo que sería fatal para su imagen corporativa y su actividad internacional.

En la edición de esta semana indagamos en las relaciones militares entre las instituciones vascas y el estado de Israel, a cuenta de un jugoso reportaje que publicaba el pasado mes de septiembre el diario El Salto-Hordago. El artículo desgranaba detalladamente los contratos millonarios entre distintas instituciones de la administración vasca y la compañía israelí Guardian Defense & Homeland Securities, dirigida por Ilan Arzoolan, ex-agente de los Servicios de Inteligencia de Israel. El reportaje se basaba en el trabajo de investigación realizado por el instituto NOVACT.
Para abordar este tema contamos en nuestros micrófonos con la participación de Carlos Diaz, investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y colaborador de esta investigación. En su intervención nos explica que los servicios que ofrece esta empresa van más allá del abastecimiento de equipamiento y tecnología policial, y colaboran también en el adiestramiento y asesoramiento de los distintos cuerpos policiales. Denuncia que esta y otras empresas que colaboran con nuestras administraciones tienen una larga trayectoria de violación de derechos humanos en Palestina. Destaca, por ejemplo, el contrato para la seguridad de la Eurocopa de futbol que se debería de haber celebrado en Bilbao, y cómo a través de este tipo de contratos estas empresas van infiltrándose en la contratación pública. Denuncia que las administraciones adquieran todo este tipo de equipamientos policiales con la garantía de calidad de haber sido probados en contexto de guerra real contra los palestinos. Por otro lado, relaciona estos contratos con empresas de seguridad israelíes con la creciente militarización de la policía y el proceso de externalización de las funciones policiales. Denuncia, también, el papel de Israel en el desarrollo de tecnologías de control social y vigilancia masiva que posteriormente se utilizan en todo el mundo; como espionaje a través del teléfono móvil, tecnologías de reconocimiento facial... Son tecnologías diseñadas en contexto de guerra que aquí se utilizan para espionaje de la disidencia política o con fines comerciales en el sector privado. Opina que en el contexto de caos que estamos viviendo estamos llegando a aceptar recortes de libertades en aras de la seguridad que en otro contexto jamás hubiéramos aceptado.

En la edición de esta semana escuchamos la crónica de la actualidad de la franja de Gaza de la mano del periodista y traductor gazatí Mussa´ab Bashir. Bashir es además ex-preso político y colaborador habitual de nuestro programa. En su intervención nos habla de la inauguración de un muro en torno a la franja costera palestina, una gran infraestructura dotada de la más avanzada tecnología de control social y cuya construcción ha llevado más de tres años. Este muro supone una nueva barrera en torno a la sitiada franja de Gaza. Denuncia, además, que Israel utiliza a la población palestina como conejillos de Indias para probar esta tecnología militar y luego vender sus productos como "comprobados en contexto de combate real". Por otro lado, explica cómo esta infraestructura sirve también como dique para controlar la entrada de agua a la franja costera. Israel controla así el acceso de agua, provocando durante la época de lluvias inundaciones intencionadas, o desecando los acuíferos que se acaban contaminando. Esto tiene un impacto directo en la situación humanitaria que califica de cada vez más grave. Nos cuenta, además, que tras la represión contra las Marchas del Retorno hay miles de personas mutiladas que colapsan los sistemas sanitarios, que se ven desbordados. Critica también la mala gobernanza de la franja de Gaza por parte de Hamas.

Desde hace tiempo en Uhintifada veníamos cumpliendo con una costumbre que ya se había convertido en tradición y que consistía en despedir el último programa del año con la crónica desde Belén de nuestra colaboradora Juani Rishmawi. En unas fechas navideñas en las que la cultura hegemónica occidental coloca el foco de atención en esta ciudad cisjordana, nos gustaba acercarnos a la realidad de la vida en Belén bajo ocupación de la mano del testimonio cercano y apasionado de nuestra compañera Juani. Este año, sin embargo, hemos tenido un vacío en nuestra programación, ya que nuestra colaboradora, trabajadora humanitaria desde hace más de 30 años en la organización palestina Health Work Committees, lleva nueve meses secuestrada por el régimen sionista en una prisión militar por su actividad humanitaria.
Para ponernos al día de la situación de Juani charlamos con Teresa Aranguren, veterana periodista con una amplia experiencia en Oriente Próximo donde comenzó a trabajar en los años 80 como corresponsal de la guerra de Líbano, y que ejerce de portavoz de la campaña por la liberación de Juani.
En su intervención nos hace un balance de la situación que ha padecido nuestra colaboradora durante estos meses de encarcelamiento, y de su situación procesal actual. Denuncia el ensañamiento con el que se está empleando el régimen israelí, que no es muy distinto del tratamiento que se da al resto de presas palestinas, y que obedece a una estrategia política dirigida a dar un escarmiento ejemplarizante, crear un clima de terror y dar una imagen de impunidad. Explica que el arresto de Juani se encuadra dentro de una campaña de ilegalización de organizaciones palestinas dirigida a desmantelar todo el tejido asociativo que mantiene a la sociedad palestina cohesionada y con capacidad de resistir a la ocupación.
Critica que más allá de declaraciones puntuales no ha habido un pronunciamiento por parte de la Unión Europea en este caso y, en general, en torno a las violaciones de derechos humanos que Israel perpetra constantemente, lo que alimenta la impunidad de Israel y debilita a la Unión Europea en el panorama internacional.