Komite Internazionalistak

[Komite Internazionalistak] El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de TLC que se está negociando entre EE.UU. y la Unión Europea, desde 2013 y a espaldas de la población, con la intención de crear la mayor zona de libre comercio del mundo.

Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este tratado se centra en conseguir una convergencia regulatoria, es decir, una continua armonización a la baja de las legislaciones a ambos lados del atlántico. Con ello, se busca minimizar todo tipo de limitaciones y “obstáculos” al comercio e inversiones de las grandes corporaciones, como pueden ser las regulaciones en materia ecológicas, sanitarias, laborales…

Especialmente polémica es cláusula de protección de las inversiones (ISDS) y de resolución de conflictos. A través de tribunales arbitrales privados y poco transparentes, se garantiza a cualquier inversor privado el derecho a demandar y reclamar indemnizaciones a los estados por la frustración de expectativas de negocios si legislan o implementan políticas públicas que vayan en contra de sus intereses y en favor de los derechos sociales, laborales, medioambientales, a la salud, a la privacidad... de su ciudadanía.

En pocas palabras, se trata de un jaque-mate de los poderes corporativos a la soberanía democrática de los pueblos. El TTIP estará por encima de la constitución de cada país y los tribunales de arbitraje tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales, dejando así a los gobiernos nacionales maniatados y haciendo prevalecer el interés particular sobre el interés general de la población.
Pero, ¿cómo nos afectará a nosotras este tratado?

Una vez aprobado el TTIP todos los gobiernos tendrán que adaptar sus legislaciones (control sanitario de productos, estándares medioambientales, convenios laborales, propiedad intelectual,…) a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de reformas que sirva a esa convergencia regulatoria propuesta en el tratado.

A nivel laboral, la armonización a la baja supondrá equiparar la legislación europea a la de EE.UU, lo que nos dejará aún más desprotegidas en este ámbito. Y es que, EE.UU. es uno de los pocos países que no han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia Contra la Mujer (CEDAW), ni ha firmado el protocolo del mismo que, pese a sus fallos y lentitudes, permite interponer denuncias por discriminación y la investigación internacional.

Asimismo, entre los 70 convenios de la OIT que EE.UU no ha firmado y que afectan directamente a las mujeres se encuentran: la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres; el apoyo a trabajadorxs con responsabilidades familiares; la regularización de trabajadorxs domésticxs; la protección de la maternidad (regulando los permisos, prestaciones, lactancia…) además de otros más generales como el de libertad sindical negociación colectiva, seguridad laboral…

Por otra parte, existe un riesgo real de que las protecciones laborales, así como las políticas públicas que buscan la corresponsabilidad, salten por los aires. Si en el proceso de negociación comercial dichas protecciones son percibidas como costes, y por tanto, como un obstáculo al beneficio económico y el éxito comercial, las empresas europeas que aceptaron en su momento obligadas y con reticencias las legislaciones nacionales, podrán aprovechar para presionar a los gobiernos, pidiendo una mayor desregulación. Además cualquier política pública de fomento de la corresponsabilidad podría ser demandada y sancionada a través de tribunales arbitrales. Todo ello supondría un enorme retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres.

Por lo que respecta a la industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres (textil, cosmética…) -dos sectores con patrones de consumo muy generizados y a la vez con una responsabilidad evidente sobre la explotación laboral de las mujeres del Sur-, mientras que la UE prohíbe la utilización de 1200 sustancias químicas en estos sectores, EEUU prohíbe poco más de 10. Así, con procesos de negociación a la baja, la exposición a sustancias nocivas se verá multiplicada. Si a esto le sumamos, la desregulación en la protección de datos para fines comerciales, estaremos aún más continuamente bombardeadas por la llamada al consumo.

A todo lo anterior, habría que añadir los efectos que traerán consigo los procesos de liberalización y privatización de los servicios públicos y que tienen un impacto directo sobre la vida y los derechos de las mujeres. Si ya en las condiciones actuales, las mujeres estamos en una situación de desigualdad, la entrada en vigor del TTIP no hará sino intensificar dicha desigualdad.

Por una parte, al desmantelarse en gran medida la red de empleo público, (un sector altamente feminizado precisamente por ofrecer mayores garantías en el cumplimiento de las leyes de protección frente al privado), lo que se está destruyendo es empleo de calidad para las mujeres, arrastrándolas hacia la precariedad laboral.

Por otra, es de sobra conocido que, cuando se recortan servicios públicos (como el de educación, sanidad o el de servicios sociales entre otros) existe un transvase de carga de trabajo y costes hacia el ámbito privado, es decir, se convierte en trabajo no remunerado que es ejercido mayoritariamente por mujeres de forma gratuita y en la sombra. Porque, no olvidemos, el papel que el patriarcado nos ha asignado -a través de la división sexual del trabajo- es el de cuidadoras: es sobre nosotras sobre las que recaen mayoritariamente las tareas relacionadas con los cuidados y la sostenibilidad de la vida.

Esta situación de precariedad adquiere otra dimensión especial en el caso de rentas altas, en las que dicho transvase de trabajo es a su vez traspasado a mujeres migrantes del Sur, en la denominada cadena global de cuidados, con el impacto que ello conlleva en sus respectivas sociedades de origen.

Esta institucionalización de la precariedad perpetúa la situación de vulnerabilidad de las mujeres y recorta aún más nuestra autonomía económica, con el efecto que conlleva sobre la superación de la violencia machista o el día a día de las familias monomarentales.

En definitiva, el TTIP representa el último embate del capitalismo más salvaje. Una vuelta de tuerca que profundiza aún más el conflicto entre el capital y la vida, en el que las mujeres junto con otros colectivos minorizados nos llevamos la peor parte. Por ello, es el momento de salir a las calles en defensa de nuestros derechos. Salir y alzar la voz contra el TTIP, tal y como lo hicieron contra el TLCAN o el ALCA nuestras compañeras latinoamericanas, oponiéndose a la mercantilización de nuestros cuerpos bajo el lema “somos mujeres, no mercancías”. Salir y exigir un replanteamiento radical del sistema político, social, económico, cultural y ambiental. Salir y luchar para que los valores feministas pasen al centro.

Este domingo 8 de Marzo puede ser un buen día… ¿Nos vemos en las calles?