Komite Internazionalistak

[Viento Sur / Ricardo Molero Simarro, Maria José Paz Antolín y Jon Sanz Landaluze*] Evo ha vuelto a ganar. En unas elecciones con una altísima presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, Unión Europea, Mercosur o el Centro Carter, el resultado no deja lugar a dudas. El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha arrollado en las elecciones con un porcentaje del 63%. Este porcentaje es superior en dos puntos al apoyo popular a la Constitución en el referéndum de enero del 2009, y cinco puntos inferior al que recibió el Presidente en el referéndum revocatorio de Agosto de 2008. Lo realmente novedoso es que el MAS obtiene 25 de los 36 senadores y 90 de 130 diputados, lo que le permite disfrutar de una mayoría de dos tercios en las dos cámaras reunidas, e incluso reunir por sí mismo el quórum necesario para sesionar. La oposición, representada por Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba, y con unas cifras en torno a 40 puntos por debajo del MAS, logra un 24% de los votos, con once senadores. El tercero en discordia, el empresario cementero y dueño de la cadena Burger King en Bolivia, Samuel Doria Medina, ni siquiera llega a un discreto 6%. En el exterior, los resultados globales son prácticamente los mismos, aunque Manfred Reyes gana en EE UU, mientras que el MAS lo hace en el Estado español, obteniendo en Argentina y Brasil más del 90% de los votos.

Por departamentos, el MAS gana en seis de los nueve departamentos bolivianos, arrasando en La Paz, Oruro y Potosí con la totalidad de senadores posibles (cuatro) y cifras cercanas al 80%. En Cochabamba logra tres senadores y casi un 70% de los votos. Asimismo el MAS se hace con dos departamentos hasta ahora en manos de la oposición, como Chuquisaca y Tarija, superando el 50% de los votos emitidos en ambos departamentos. En los tres departamentos en los que no ha ganado, ha incrementado espectacularmente su caudal de votos. En el bastión opositor de Santa Cruz ha superado el 40%, obteniendo un empate con la derecha en el número de senadores obtenidos, dos. Los mismos que en Pando, donde ha cuadriplicado el número de votos y más que doblado su porcentaje, que se acerca al 45%. Aún en su departamento más débil, el amazónico del Beni, ha aumentado en un 350% el apoyo recibido en las urnas, llegando hasta casi el 38% de los votos.

En resumen, el MAS ha pasado de ganar en 2005 con un millón a hacerlo ahora con más de tres millones de votos a favor del oficialismo, lo que le permitirá tener presencia mayoritaria en 269 de los 328 municipios del país. De esta manera, se ha roto claramente la dicotomía campo-ciudad, gracias a la obtención del 50% del voto urbano, desmontando así la afirmación de que el apoyo del que disfruta su proyecto proviene únicamente del campo.

Este triunfo apuntala de forma contundente la política llevada a cabo por Evo y, más concretamente, las principales, y más conflictivas, líneas de la política económica del MAS en estos cuatro pasados años. Por un lado la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos que mediante la reinversión de parte de los mayores recursos obtenidos por el Estado, ha contribuido a un crecimiento del PIB mayor que en cualquier gobierno anterior. Esto, junto con la favorable evolución de la minería, ha permitido que ahora, en plena crisis mundial, Bolivia presente las cifras de crecimiento más altas de toda América Latina. Por otro lado se encuentra el desarrollo de una reforma agraria con la que se ha reimpulsado el proceso de “saneamiento” de la estructura de la propiedad de la tierra, con el objetivo de proveer de las mismas a las comunidades campesinas. Todo ello ha sido ratificado con la puesta en marcha de una nueva constitución que, a priori, abre la puerta a otra forma de entender Bolivia, donde algunas de las cosmovisiones andinas indígenas y formas de vivir la política están por fin recogidas.

En primer lugar, tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND), encontramos que el eje clave en torno al cual gira y del que depende de manera casi absoluta el éxito del proyecto de transformación, es la nacionalización de los hidrocarburos. Dicha nacionalización busca por encima de todo recuperar la propiedad y el control de los recursos hidrocarburíferos, con el doble objetivo de potenciar el desarrollo y la industrialización del sector a la par que se aumenta la renta petrolera captada por el Estado. Este incremento es considerado por el propio PND como el principal soporte económico para relanzar otros sectores y para la puesta en marcha de políticas sociales. Aún reconociendo la importancia de revertir la tendencia neoliberal a la privatización y concentración de los ingresos generados en esta actividad, el planteamiento masista mantiene el carácter rentista del sector hidrocarburos, corriendo el riesgo de reforzar la dependencia de la economía boliviana, algo además no del todo compatible con los planteamientos de algunos movimientos indígenas.

Al margen de estos problemas, un análisis más pormenorizado de las medidas tomadas hasta ahora en este ámbito permite concluir que no estamos hablando de una nacionalización en sentido estricto pues se mantiene una alta participación de capital privado (extranjero) en las distintas expresas que operan en el sector. Por ello, el grado de cumplimiento de los objetivos con los que se plantea el proceso va a depender de hasta qué punto el incremento de la participación estatal está siendo suficiente o se ha dado de forma tal que permita al gobierno hacerse con el control de las actividades que se desarrollan a lo largo de la cadena productiva. Esto, a su vez, resultará fundamental para garantizar las inversiones necesarias tanto en exploración y producción (que hagan viable un crecimiento sostenido de la producción y, por tanto, también de la renta petrolera), como en la industrialización de los hidrocarburos.

La respuesta a ese interrogante depende de dos factores: en primer lugar, de las condiciones fijadas en los nuevos contratos firmados con las empresas transnacionales pues en función de ellos se determina tanto la distribución de una parte importante de la renta petrolera, como los compromisos de inversión; en segundo lugar, de la operatividad de YPFB y su capacidad para liderar el desarrollo del sector. En ambos aspectos el balance no puede dejar de ser crítico pues ni los contratos firmados establecieron los mecanismos necesarios para garantizar las inversiones de las petroleras, que de hecho han estado ejerciendo un auténtico boicot en este sentido, ni las actividades de YPFB (envuelta en distintos escándalos de corrupción) hasta el momento han favorecido un desarrollo significativo del sector. El cambio de legislatura parece mostrar signos alentadores pues se ha elaborado, por fin, un plan de inversiones por parte de YPFB para el periodo 2009-2015, se ha creado la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) y algunas empresas transnacionales han anunciado importantes inversiones para los próximos años. Sin embargo, aún es pronto para saber si se trata sólo de grandes proclamas.

Donde indiscutiblemente la nacionalización arroja un saldo positivo es en términos fiscales pues se ha producido un aumento de la participación estatal en la renta petrolera (aunque menor de la esperada por algunos) a lo que ha contribuido también la importante subida de los precios del gas y del petróleo. Por el momento, la reinversión de esos mayores ingresos públicos, aunque no habría permitido avanzar en la transformación estructural de la economía boliviana, sí que habría servido para desarrollar una política fiscal expansiva con la que se ha mantenido alta la tasa de crecimiento económico. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tanto la falta de inversiones, en caso de no recuperarse, como los vaivenes en los precios del petróleo pueden generar incertidumbres sobre la sostenibilidad de esta redistribución del excedente hidrocarburífero.

En la segunda gran línea de actuación del MAS durante la pasada legislatura, la de la reforma agraria, los avances y obstáculos del proceso también se han intercalado. Las profundas raíces étnico-políticas del conflicto por la tierra en Bolivia lo han convertido en uno de los escenarios centrales de confrontación entre la base social del MAS y los autodenominados comités cívicos departamentales, en torno a los cuales se ha organizado la oligarquía boliviana. Es en este complejo marco en el que hay que interpretar el alcance del proceso de reforma agraria iniciado. Ello no es óbice, sin embargo, para que se puedan encontrar marcadas en el propio programa electoral del MAS algunas de las fronteras que no se han logrado superar.

Así es, la estrategia masista para enfrentar el problema político y económico de la desigual distribución de la tierra en Bolivia ha pasado desde el inicio por tratar de compatibilizar el acceso equitativo a la tierra para los campesinos con la garantía de la seguridad jurídica para los propietarios que la utilizasen de forma “productiva”. De modo que las medidas iniciales tomadas en este campo han supuesto la continuidad, aunque a través de su “reconducción comunitaria”, del proceso de reforma ya iniciado con la Ley INRA de 1996 basada, no hay que olvidarlo, en la estrategia de “reforma agraria asistida por el mercado” del Banco Mundial. De hecho, el proceso de “saneamiento” de tierras fiscales e improductivas relanzado a partir de 2006 sólo ha incorporado un elemento sustancialmente diferente respecto a aquella Ley: que la verificación del cumplimiento de la denominada “Función Económica y Social” (FES) de la tierra (que es la que determina la posible reversión de la propiedad de los predios que no la cumplan) ha pasado de poder demostrarse por el simple pago del impuesto sobre la propiedad, a tener que comprobarse “en campo”.

En el resto de aspectos la nueva Constitución Política del Estado no ha hecho sino refrendar la continuidad con aquella política de reforma agraria, especialmente, al garantizar explícitamente (en sus artículos 393 y 397) la propiedad privada de la tierra en tanto cumpla la FES, entendida ésta como su “empleo sustentable en el desarrollo de actividades productivas”. Así, al apuntar únicamente al latifundio improductivo, ha eludido cuestionar la propiedad de las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas del oriente. Más aún, la otra gran medida aprobada, la limitación del tamaño del latifundio a 5000 hectáreas ha quedado restringida en su aplicación a los predios adquiridos “con posterioridad a la vigencia” de la Constitución (artículo 399), impidiendo de facto la redistribución de la tierra de los latifundios ya existentes. Éste ha sido, posiblemente, el precio a pagar para tratar de contener las acciones golpistas de la oposición.

A pesar de ello, al mismo tiempo, el MAS ha intentado dotar de tierras a los pueblos indígenas originarios, utilizando la herramienta que le queda: el saneamiento de las tierras fiscales y los latifundios improductivos. Gracias a ello ha podido mantener el apoyo mayoritario del campesinado (exceptuando a algunas facciones del MST boliviano), el cual, no en vano, es el que ha estado sufriendo más de cerca las agresiones de los comités cívicos. Ciertamente es muy probable que a medio plazo se vea cuestionada la posibilidad de “convivencia de los territorios indígenas con el derecho propietario de las empresas capitalistas y su mercado de tierras”. Por el momento, sin embargo, son un elemento básico de la resistencia frente a esas agresiones y los cimientos sobre los que se quiere edificar la autonomía indígena. De hecho, con el inicio de esta nueva legislatura está previsto el desarrollo de toda la normativa al respecto. Así, entre las principales leyes que deberán ser tramitadas en el plazo máximo de 180 días desde la constitución de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, destaca la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

En todo caso, aunque con la aprobación de esta ley se garantizase formalmente la autonomía indígena, ésta quedaría a expensas de que dentro del mismo MAS se resolviese el debate sobre cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para Bolivia. Y es ahí donde las cosas parecen no estar tan claras. El apoyo al programa de gobierno presentado para estas elecciones, claramente orientado hacia el desarrollo clásico de la sociedad moderna es mayoritario dentro del MAS, sobre todo en las clases dirigentes. Bajo la consigna de “Revolución Industrial, Vial, Tecnológica e Institucional” se plantea romper la tradicional “matriz rentista” de la explotación de recursos y el impulso de una dinámica de industrialización. El discurso de cierre de campaña en El Alto fue un exponente claro de las intenciones desarrollistas de Evo Morales. Sin embargo, ponerlas en marcha de manera exitosa implicaría lograr, como mínimo, dos cosas durante esta legislatura: una, la toma del control real del sector hidrocarburífero por parte de una YPFB que, tras los casos de corrupción, se encuentra lejos de estar siquiera operativa; y, dos, el impulso decidido de un proceso de reinversión productiva estatal de la renta petrolera que permitiese avanzar (probablemente en el marco del ALBA) en la transformación del actual modelo primario-exportador. Algo para lo que la excesiva descentralización y la alta participación de algunas prefecturas en la distribución de la renta petrolera captada por el Estado podrían convertirse en un obstáculo. Más aún si se tiene en cuenta que el destino fundamental que se le ha dado por parte de éstas ha sido el desarrollo de infraestructuras locales que pudiendo ser necesarias no son suficientes para lograr una transformación productiva como la que propone el MAS.

Pero incluso aunque una más amplia gestión estatal fuese exitosa en el logro de esos objetivos de transformación de la economía del país, seguiría quedando pendiente avanzar en un frente de profundo carácter político: el del conflicto por la distribución de la renta. Es evidente que en este ámbito la redistribución en forma de políticas sociales de la renta hidrocarburífera recuperada por el Estado supone una importante victoria para las clases populares. Programas como el “Bono Juancito Pinto” o la “Renta Dignidad” han permitido una mejora inmediata de las condiciones de vida de la población, que se constata en la disminución de la pobreza y la desigualdad que se ha producido. Sin embargo, la posibilidad de utilizar, como se está haciendo, esa captación de renta por parte del Estado está llevando a eludir el conflicto interclasista en su origen más inmediato, el ámbito de las relaciones productivas. Así, mientras se evita cargar a las empresas con el sostenimiento del nuevo sistema de pensiones, las subidas anuales del salario mínimo no han podido impedir la caída de los salarios reales. Todo ello ha acentuado, en vez de revertir, la profunda regresión que se venía produciendo en el reparto de la renta a nivel agregado entre los salarios (directos) y los beneficios empresariales, pasando los primeros de representar un ya escaso 30% de la renta nacional en 2005, a un 25% al finalizar 2008.

Por otro lado, junto con estos problemas internos en los ámbitos productivo y distributivo, también van surgiendo otras importantes líneas de conflicto derivadas del tipo de inserción externa elegida para el modelo de desarrollo boliviano. Un ejemplo muy relevante de ello es el papel de la construcción de infraestructuras que Bolivia está ya implementando junto con otros 11 países de Latinoamérica bajo el programa denominado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudaméricana (IIRSA). A pesar de que la IIRSA se presenta como un proyecto de infraestructura sostenible, las denuncias contra sus impactos medioambientales, políticos, económicos, sociales y culturales se han sucedido en los últimos años. Así, mientras para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la iniciativa constituye un “ecocidio y un genocidio”, para el analista Raúl Zibechi, la IIRSA supone “una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado mundiales”, en tanto refleja un modelo de “integración exógena” dirigida a los mercados externos implicando “una dinámica capitalista muy similar a las lógicas de acumulación originaria de capital, es decir, a las lógicas de acumulación por desposesión”.

En este mismo sentido en las últimas semanas arrecian las protestas del pueblo Leco o el Mosetenes del norte amazónico de la provincia de La Paz contra la posible construcción de campos de extracción de petróleo por la compañía Petroandina en sus tierras. La contestación del gobierno y el MAS ha sido uniforme y se puede resumir en las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera: “Por encima del derecho de las comunidades está el derecho del Estado”.

No en vano, todas estas limitaciones, junto con las ya comentadas en la resolución del conflicto por la tierra, no son sino las propias del desarrollismo estatalista para impulsar, al menos por sí solo, un proceso de transformación social. No es de extrañar, por tanto, que dentro del MAS y sobre todo dentro de la complicada madeja de comunidades indígenas, colectivos y movimientos que han aupado al poder a Evo, se esté reclamando al mismo tiempo que se abra otra línea de acción alternativa y creativa que no repita los caminos desgastados de dicho desarrollismo sino que vaya inventando los caminos del Vivir Bien de los pueblos de la Abya yala. El Vivir Bien no nace ahora, es producto de la cosmovisión milenaria de los pueblos indígenas del continente y acerca y enseña conceptos como complementariedad, reciprocidad y comunitarismo que chocan frontalmente con esquemas occidentales establecidos basados en la enseñanza y la educación en el vivir mejor, pero no el Vivir Bien. Y para realizar un acercamiento a este concepto, hay que, en un proceso complejo, reconstruir: no primar el yo (primer pronombre en las lenguas occidentales) sino el nosotros (primer pronombre en quechua o aymara por ejemplo), no ver el tiempo como algo lineal, en el que prima el individuo que viene de un pasado, se sitúa en un presente y va hacia el futuro, sino el tiempo como algo circular, en el que el presente es continuo y el pasado y el futuro son uno solo, el pasado está por delante y el futuro está por venir y está atrás.

Frente a un capitalismo individualista, depredador, o incluso un socialismo que aunque preocupado de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, sólo la entiende como el conjunto de personas que viven, sin considerar en absoluto a la Madre Tierra como algo vivo, y que puede llegar a ser tan industrial y depredador como el capitalismo, el Vivir Bien es salir de la dicotomía entre ser humano y naturaleza, es despertar la conciencia de que somos parte de la Pachamama, de la Madre Tierra y con ella se complementa el ser humano. Así queda recogido en la nueva Constitución como base fundamental cuando habla de los Principios, Valores y Fines del Estado (artículo 8). Queda ahora el ver como se traduce el concepto en realidad. Y esto es explorar en leyes, decretos y diferentes medidas que favorezcan la economía comunitaria y que coloque los criterios de la reproducción de la vida por encima de los de la producción de mercancías, de manera que ésta tenga sentido como servicio para la vida y no como fin en sí misma. Imaginar una vida distinta, sobre otras bases, recuperando las experiencias históricas pero inventando el futuro del no-capitalismo (con el gran problema de tener que hacerlo dentro de él, tanto en el ámbito interno, como en el externo).

Como recoge el propio Evo,

“antes los intelectuales en Europa pensaban y teorizaban, y después en América Latina se intentaban poner en práctica esas teorías, y hoy en cambio aquí en Bolivia, en América Latina, se están dando procesos de cambio donde los intelectuales tienen que venir a intentar teorizar qué está pasando.”

Y es cierto que hoy en Bolivia se camina en la búsqueda de nuevas formas de hacer política, de repensar el Estado y las interrelaciones entre las personas así como una conciencia en torno a la hecatombe climática que estamos provocando. Sin embargo, a pesar de que la abrumadora victoria en las elecciones pudiera hacer creer que nos encontramos ante tiempos más cómodos para el proyecto del MAS son múltiples los conflictos con los que chocan esas nuevas formas de hacer y de pensar. Como hemos visto, la encrucijada a la que se enfrentan Evo Morales y su nuevo gobierno implica la complicada labor de continuar con algunas de las medidas iniciadas en la legislatura anterior, al mismo tiempo que se trata de buscar un equilibrio entre el programa “desarrollista-industrialista” y el discurso “indigenista-ecologista”, que en muchos momentos colisionan irremediablemente. Finalmente pudiera darse el paradójico resultado de que fuesen las posibilidades abiertas por la recuperación de la soberanía económica estatal las que obstaculizasen la reversión de las más profundas relaciones desiguales de poder que siguen presentes en la sociedad boliviana.

*(Ricardo Molero Simarro es investigador en el Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo de Redacción de la revista electrónica Economía Crítica y Crítica de la Economía. Maria José Paz Antolín trabaja en el Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Complutense de Madrid. Jon Sanz Landaluze es miembro de Komite Internazionalistak y del Comité de Apoyo al MST de Madrid)