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 En los últimos días se han reportados dos casos de ataques físicos en contra de la población reclusa en Santander, uno de ellos contra una presa política y otro contra un grupo de internos. El primer caso se dio en los calabozos del Palacio de Justicia de Bucaramanga y sucedió el jueves 14 de abril en el calabozo ubicado en el sótano. Allí estaba un grupo de nueve internos esperando sus respectivas audiencias, uno de ellos se quejaba por una emergencia odontológica y pedía algún tipo de atención, esto lo hacía sin agresividad contra nadie y en medio de evidentes dolores. Sin embargo, la respuesta de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC- fue agresiva, desproporcionada, ilegal y muy probablemente criminal; tal y como a continuación se expone.
Al momento de las quejas del interno, el guardia JERRY RUEDA respondió atacando con un gas lacrimógeno en contra de todo el grupo, valga decir que el calabozo del Palacio es pequeño en extremo y ello maximizó los efectos del gas, cuyo uso se encuentra restringido a situaciones de peligro que requieran una intervención para controlar desórdenes, lo cual no se presentaba en ese momento. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han catalogado que el uso de estos elementos en espacios cerrados y con poca ventilación, como lo son sin duda los calabozos del Palacio de Justicia de Bucaramanga, pueden constituir actos de tortura.
El segundo caso se dio el lunes 18 de abril en la Cárcel de Mujeres el Buen Pastor de Bucaramanga, conocida como cárcel de Chimitá, donde una presa política fue agredida por una social que le atacó ferozmente. La agresión sufrida fue muy grave puesto que se realizó con una cuchilla infectada con la misma sangre de la agresora y que se hallaba en manos de ella por evidente negligencia de la guardia del INPEC.
La víctima de la agresión fue Fanny Castellanos, quien presentó una denuncia formal donde se describe toda la situación con detalle y se expone que ese tipo de ataques son una constante en esa cárcel de mujeres. En su denuncia dice que esa situación se le ha comunicado en repetidas ocasiones a la administración del penal, que hace oídos sordos, al tiempo que desconoce sus deberes legales y constitucionales relativos a la protección de la vida e integridad de las reclusas.
Estas dos agresiones son únicamente los últimos episodios de una ola de ataques criminales que viene sufriendo la población carcelaria de toda Colombia, motivo por el cual se solicita la solidaridad del pueblo colombiano, de las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos, de las organizaciones feministas y de cualquier persona o entidad que se indigne frente a los abusos y torturas que diariamente se producen en las cárceles del país. También se solicita a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y paren de una buena vez el estado de cosas inconstitucional que reina en el sistema penitenciario.
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