Komite Internazionalistak

Este es un resumen del encuentro que tuvimos con Hugo Valiente, que trabaja en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Paraguay dentro de la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay).

Durante la dictadura de Stroessner la represión fue brutal, especialmente en el sector campesino que recibió con mayor impacto la política represiva del régimen. Tras la caída del régimen de Stroessner se crean espacios de discusión sobre los derechos humanos, en los que las instituciones asociadas realizaban tareas conjuntas como las “Jornadas por los Derechos Humanos” y desde 1996, el informe “Derechos Humanos en Paraguay”.

En 1999 CODEHUPY (coordinadora de derechos humanos del Paraguay) fue fundada por 25 organizaciones y hoy la componen 35 organizaciones que trabajan en la defensa de derechos en diferentes sectores como la infancia, campesinado, género, medio ambiente, indigenismo, etc.

Entre los objetivos de la Coordinadora se encuentran:

• Constituirse en un foro de información y relación con organizaciones tanto nacionales como internacionales de Derechos Humanos,
• Constituirse en un foro de intercambio de información y relacionamiento de organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
• Defender y promover los derechos fundamentales de la persona humana.
• Fortalecer la conciencia ciudadana en el cumplimiento y reclamo de los Derechos Humanos.
• Realizar acciones, campañas e informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.
• Apoyar a organizaciones y movimientos sociales en sus acciones por los Derechos Humanos y promover su vigencia en todos los estamentos.
• Velar por el cumplimiento e implementación por parte del Estado de los compromisos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos

Han desarrollado un Centro de Documentación y Estudios en el que las diferentes organizaciones llevan a cabo sus investigaciones, con una biblioteca y archivo de historia del movimiento obrero. En este contexto, han redactado el Informe Chokokue (http://www.codehupy.org/www/images/stories/pdf/chokokue/chokokue_jun_2007.pdf) en el que se reconstruyen casos de violación de derechos humanos como ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra del Paraguay entre 1989 y 2005, recogiendo las circunstancias del asesinato y un análisis de la intervención judicial, denunciando de esta manera la impunidad judicial manifiesta de los casos relatados.

En 15 años de “transición democrática” (entre 1990-2004) se produjeron 895 conflictos de tierra; 571 manifestaciones públicas y, en algunos casos, cierres de ruta; 370 ocupaciones de propiedades privadas; 357 desalojos violentos ejecutados por las fuerzas públicas; asimismo, fueron detenidos/as al menos 7.296 campesinos/as por alguna causa criminal abierta en relación a las ocupaciones y cierres de ruta.

La CODEHUPY denuncia que en este contexto se produjeron al menos 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005. El 74% de las víctimas estaba vinculada a una organización campesina. Conflictos que hoy en día se siguen produciendo a lo largo del país. Se estima que l@s campesin@s asesinados desde 2005 hasta la fecha ascienden a 20 ó 30. Creen que el cambio de gobierno puede producir una menor intervención de la policía en los conflictos, pero temen que los latifundistas y ganaderos comiencen a tomar iniciativas propias utilizando de forma sistemática tácticas paramilitares que ya tienen experiencia en aplicar. En relación a esto nos contó el caso de un dirigente del MCP (Movimiento Campesino de Paraguay) herido en la cabeza en un atentado ocurrido en la región de Paraguari en 2005, han conseguido probar que los sicarios en este caso fueron policías contratados por un terrateniente que realizaron el trabajo en sus “horas libres”, el caso se encuentra estancado en instancias judiciales. En muchos casos es difícil dilucidar si las agresiones provienen de los latifundistas o de poderes del estado.

Habitualmente se encuentran desbordados por la multitud de casos denunciados, la coordinadora asume directamente la investigación y defensa de muchos casos aunque aquellos a los que no puede llegar son derivados a las instancias competentes. En la oficina trabajan un total de 6 abogados, 2 de forma permanente y el resto son contratados para llevar casos específicos, aunque constatan la falta de cuadros técnicos políticos cualificados.

Con frecuencia reciben amenazas por el trabajo que realizan aunque por el momento no han vivido situaciones de riesgo real. No se consideran una amenaza real para un poder judicial controlado por los poderes fácticos. Otro obstáculo para esta importante labor de denuncia es la poca repercusión internacional, y valoran como una prioridad el dar a conocer los hechos que denuncian.

Los cambios estructurales dentro del poder judicial no pueden esperar más, en este momento las denuncias se diluyen en un sistema judicial en el que los fiscales son designados por poderes fácticos como los derivados del narcotráfico, cuatrerismo etc. Cambios que serán difíciles de realizar con un congreso en el que la mayoría se encuentra en manos de la derecha. Los anuncios de reforma del sistema judicial requerirán mayorías parlamentarias que pasan necesariamente por alianzas con sectores de la derecha, y que indudablemente tratarán de socavar este camino de denuncia de injusticias y violaciones de los derechos humanos y la lucha por la justicia y recuperación de la memoria histórica tan necesaria para tod@s.