Komite Internazionalistak

En febrero la organización Amnistía Internacional hacía público un informe que califica al estado de Israel como un régimen de apartheid. La publicación era el resultado de un arduo trabajo de investigación que se ponía en marcha en 2017 y en el que se ha recabado documentación que pone en evidencia lo que otras muchas asociaciones palestinas e internacionales vienen denunciando desde hace años, que Israel comete sistemáticamente actos inhumanos contra la población palestina bajo ocupación en un contexto institucionalizado de opresión, lo que supone un crimen de apartheid. El informe de Amnistía Internacional no es el primero que llama la atención sobre este crimen sistemático contra los derechos humanos de las palestinas, pero sí que, por la trayectoria y la solvencia de la organización que lo suscribe, ha tenido una repercusión sin precedentes a los ojos de la opinión pública internacional.
Para hablar del contenido de este informe contamos en los micrófonos de Uhintifada con la colaboración de Sofia García, coordinadora en Euskadi de Amnistía Internacional. García nos explica cuales son los criterios técnicos y legales para considerar el crimen de apartheid y cómo el régimen de Israel cumple todos ellos, por lo que queda constatado que Israel es un estado de apartheid. Nos explica también cómo ha sido el proceso de elaboración del informe y porqué se ha dilatado tanto en el tiempo el proceso de documentación, en el que se ha analizado desde la legislación hasta las infraestructuras o los planes urbanísticos que segregan a la parte palestina de la población. Nos habla de las repercusiones simbólicas, pero también políticas y legales, del hecho de considerar a un estado como régimen de apartheid, y de cómo cada vez gobiernos de más estados y organismos internacionales están haciéndolo con Israel, lo que está redundando en desinversiones y consecuencias económicas. Denuncia que el regimen israelí ha intentado que no se publicara el informe, y una vez una vez publicado, ha intentado deslegitimar a la organización.
Respecto a la participación de la empresa guipuzcoana CAF en la construcción de las infraestructuras del apartheid, denuncia que la compañía de Beasain se esté beneficiando adicionalmente de esta violación de los Derechos Humanos como su empresa asociada en Israel, Shapir, incluida en la lista negra de la ONU por lucrarse con la ocupación de Palestina; y le conmina a que se retire del proyecto.

En la edición de esta semana ponemos el foco de atención en la situación de Gaza después de que el pasado mes de agosto el ejército de ocupación israelí lanzara contra la franja costera palestina un nuevo ataque que se cobro la vida de más de 50 personas. En esta ocasión será la activista palestina Jaldia Abubakra quien traiga a los micrófonos de Uhintifada la crónica de actualidad de la región costera palestina. Abubakra es miembro de la diáspora palestina, originaria de Gaza, donde nació en el seno de una familia refugiada de Beerseba, en los territorios ocupados en el 48, y cofundadora e impulsora de la iniciativa Masar Badil (Movimiento por la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina). Este verano ha tenido la oportunidad de visitar, después de varios años, su Gaza natal y nos da cuenta de la situación que allí se vive. En su intervención nos habla de las peripecias del acceso a la franja desde la frontera con Egipto, algo especialmente difícil para personas palestinas de la diáspora o activistas pro-palestinos. Ese bloqueo, que se prolonga desde hace más de 16 años, se aplica al acceso de personas y materiales de primera necesidad; pero también a la salida de gazatíes que, por ejemplo, necesitan acceder a un tratamiento médico. Llama la atención sobre la capacidad de resistencia de la gente de Gaza que, a pesar de carecer de las necesidades más básicas como consecuencia del bloqueo, siguen conservando las ganas de vivir; pero advierte también de que la situación que vive especialmente la población más joven sin ningún recurso es insostenible, llegando incluso a la huída o al suicidio. Nos habla también del impacto del bloqueo sobre la depauperada economía de la franja, ya que no se puede dar salida a los productos, y de los ataques directos contra los campesinos y pescadores. A esto hay que sumarle la imposibilidad de acceso al agua potable, a la energía eléctrica y las elevadas tasas de enfermedades crónicas como el cáncer, ocasionadas por el contacto con productos tóxicos lanzados por Israel en sus ataques. Nos habla también de la división geográfica, administrativa y política entre la franja de Gaza y Cisjordania, y de cómo Israel alimenta esa división. Considera que Fatah ha caído en la trampa de aceptar una autoridad tutelada por la ocupación y actúa al servicio de la fuerza ocupante atacando a la resistencia legítima. Pone en duda la legitimidad de la Autoridad Palestina no solo por la ausencia de un proceso democrático que la respalde, sino también por la falta de representación de la población refugiada y de la diáspora.
Por otro lado, nos da cuenta del movimiento Masar Badil, que coordina a la población palestina de la diáspora con la de los territorios ocupados en torno a una ruta alternativa revolucionaria. Este mes de octubre se cumple un año de la puesta en marcha de esta iniciativa y lo celebrarán con un nutrido programa de actividades en Bruselas.

Comenzamos una nueva temporada de Uhintifada coincidiendo con la conmemoración de uno delos episodios más dramáticos de la historia contemporanea. El pasado 16 de septiembre se cumplían 40 años de las masacres de Sabra y Chatila. En aquellos días de 1982 las milicias de la Falange Cristiana Libanesa, en colaboración con el ejército israelí, irrumpían en estos campos de refugiados del oeste de Beirut y asesinaban a más de 3500 civiles. La masacre fue calificada meses después por la Asamblea general de NNUU como un crimen de genocidio, pero cuatro décadas después siguen sin depurarse responsabilidades sobre aquella matanza. Para hacer un ejercicio de memoria historia en torno a aquellos dramáticos acontecimientos contamos con una invitada de excepción, la veterana periodista Teresa Aranguren. Aranguren era corresponsal de la publicación Mundo Obrero en Libano cuando se cometieron las masacres y vivió muy de cerca los prolegómenos de aquel sangriento episodio. Nos habla del contexto histórico que desembocó en aquellas matanzas; que fueron deliberadamente dirigidas contra ancianos, mujeres y niños. Denuncia la colaboración necesaria del ejercito israelí y de personajes como Ariel Sharon en la organización de la masacre, pese a que Israel nunca haya reconocido su responsabilidad. Nos habla también de los terribles testimonios recogidos por los pocos periodistas internacionales que pudieron acceder a la escena del crimen días después de la matanza. Señala que con los medios tecnológicos precarios de la época y con el bloqueo israelí fue muy difícil transmitir la información de lo que estaba pasando. Relata como cuatro décadas después estos campamentos siguen siendo barriadas superpobladas y empobrecidas donde apenas un monolito recuerda los hechos, y que jamás se han depurado responsabilidades ante lo que considera uno de los crímenes más atroces del siglo XX.

En los últimos meses han suscitado una gran polémica las denuncias de espionaje por parte de los aparatos del estado español contra políticos y activistas, principalmente del ámbito independentista, a través del programa Pegasus, un software de fabricación israelí que es capaz de introducirse en los teléfonos móviles sin conocimiento de sus usuarios y convertirlos en un dispositivo de vigilancia. Pero la utilización de esta tecnología de control masivo no es competencia exclusiva de las cloacas del estado español, también es un hecho comprobado la utilización de este programa u otros parecidos por parte de la Ertzaintza y los servicios de inteligencia del Gobierno Vasco. Así lo atestigua nuestro interlocutor de esta semana; el periodista, criminólogo e investigador Ahoztar Zelaieta; en una serie de reportajes publicados en el diario El Salto y en los que da cuenta de sus investigaciones.
Explica Zelaieta que la policía autonómica vasca utiliza para la intervención de las comunicaciones un software fabricado por Verint Systems, una firma israelí de inteligencia que trató de comprar a NSO Group, la distribuidora del software Pegasus. Desde 2006, el mantenimiento del sistema está en manos de Excem, su representante en el Estado español y proveedora tecnológica de la “policía patriótica” del PP y del Ministerio de Defensa. Critica la hipocresía del PNV que, mientras en Madrid exige desclasificar los documentos de la trama de espionaje Pegasus, en la CAV declara “secreto por razones de seguridad” el expediente sobre el sistema de intervención de comunicaciones de la Ertzaintza. Denuncia que estas empresas israelíes son las mayores proveedoras mundiales de softwares de espionaje, que están estrechamente ligadas con el ejército del régimen sionista, y que tienen un lugar destacado en las ferias internacionales de armamento. Esa tecnología es suministrada también a regímenes dictatoriales y de extrema derecha en todo el mundo para perseguir a su disidencia política. Explica que la relación entre la Ertzaintza y los servicios secretos israelíes es histórica, así como su relación con empresas israelíes en materia de adiestramiento. A su vez, y en contrapartida, el capitalismo vasco se ha implantado también en Israel, como es el caso del sector ferroviario, a través de empresas como CAF, que participa en la construcción de infraestructuras, pero también en el sector agrario.
Advierte de un cambio de paradigma en Palestina donde el régimen de ocupación ha dejado de utilizar recursos públicos y ha comenzado a delegar en empresas privadas el desarrollo de sistemas de espionaje y el despliegue de toda una guerra de propaganda total contra las palestinas, y advierte de que aquí también se está dando ese cambio. Llama la atención también sobre el cambio en la cultura de exhibición de la información y de cómo a día de hoy la información se recaba de las redes sociales.